El nuevo canon a las universidades: tras la apropiación del canon digital por copia privada, la del open access

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The current reform of Spain’s copyright law incorporates a new levy on universities that is related to open access to publications. It will be collected by the Spanish agency Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) and the virtual campuses

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  El profesional de la información , 2014, marzo-abril, v. 23, n. 2. ISSN: 1386-6710 183 EL NUEVO CANON A LAS UNIVERSIDADES: TRAS LA  APROPIACIÓN DEL CANON DIGITAL PARA LAS COPIAS PRIVADAS, LA DEL OPEN ACCESS Javier De-la-Cueva-González-Cotera Javier De-la-Cueva-González-Cotera  es licenciado en derecho y máster en estudios avanzados en losoa por la Universidad Complutense de Madrid  . Trabaja como abogado especializado en casos de propiedad intelectual y es profesor de la asignatura de propiedad intelectual en el Grado de creación musical en la Universidad Europea de Madrid  . Se dedica además a programar proyectos tecnológicos y a imparr conferencias sobre GNU/Linux  . hp://orcid.org/0000-0001-9152-2071 jdelacueva@icam.es Resumen La actual reforma de la Ley de propiedad intelectual   incorpora la novedad de la creación de un canon a las universidades, que supone la apropiación de obras licenciadas bajo open access  y su administración en el ámbito de los campus virtuales por la endad de gesón Cedro . Se analiza un precedente normavo de la presente reforma legal, consistente en la regula - ción de la compensación por copia privada, que permió a las endades de gesón la apropiación durante años de dinero público. Dicho precedente ene rasgos comunes con la actual reforma: el canon digital supuso la apropiación de lo público, mientras que el canon sobre las universidades representa la apropiación del procomún. Palabras clave Cedro , Endades de gesón, Propiedad intelectual, Open access , OA, Conocimiento libre, Procomún. Title: The new canon for universies: aer the appropriaon of the digital canon for private copies, now that of open access Abstract The current reform of Spain’s copyright law incorporates a new levy on universies that is related to open access to publica - ons. It will be collected by the Spanish agency Cedro  ( Centro Español de Derechos Reprográcos ) and the virtual campuses of universies will be required to comply. We analyze a regulatory precedent in Spain for this legal reform, which levied a tax on potenal private photocopying (for personal or “fair” use). This precedent has common features with the current reform: the levy on private copying was an appropriaon of public access to print informaon, while the levy on universies implies the appropriaon of the digital commons. Keywords Cedro , Collecng sociees, Intellectual property, Open access, OA, Free culture, Commons. De-la-Cueva-González-Cotera, Javier  (2014). “El nuevo canon a las universidades: tras la apropiación del canon digital, la del open access ”. El profesional de la información , marzo-abril, v. 23, n. 2, pp. 183-189. hp://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.mar.11 1. Introducción Las endades de gesón de la propiedad intelectual fueron diseñadas como unas organizaciones con nes loables: de - fender a los autores de las obras de propiedad intelectual frente a los abusos que se podrían encontrar en el uso de sus obras, así como recaudar los derechos en aquellos supuestos en los que el autor así voluntariamente lo disponía o en que era inviable que pudiera hacerlo por sí solo. Sin embargo, su función hoy en día se halla someda a una profunda críca, Artículo recibido el 05-02-2014Aceptación definitiva: 11-03-2014 a la que no son ajenas situaciones como las que se documen- tan en este arculo. Las endades de gesón, apartándose de sus iniciales funciones, sirven en demasiadas ocasiones como mera cadena de transmisión de los intereses de terceros aje- nos a los autores y se integran en la tríada perversa señalada por Ferrajoli  (2010, p. 271) de: - dinero para hacer políca e información; - información para hacer dinero y políca; - políca para hacer dinero e información.  Javier De-la-Cueva-González-Cotera 184 El profesional de la información , 2014, marzo-abril, v. 23, n. 2 ISSN: 1386-6710 El proyecto de reforma del Texto refundido de la Ley de  propiedad intelectual   ( Trlpi  ) aprobado por el Consejo de Ministros  el 14 de febrero de 2014 es un ejemplo perfecto de lo señalado por Ferrajoli  pues conene diseños legales que suponen pagos, en especial a una de estas endades, el Centro Español de Derechos Reprográcos  ( Cedro ), orga- nización comandada por los grandes grupos editoriales que a su vez son los tulares de los medios de comunicación. La reforma legal diseña en su favor dos pagos: - uno, que no analizaremos, consistente en una tasa sobre los agregadores de nocias (cuyo objevo principal es gra -var el servicio de Google News ); - otro pago generado mediante la creación de un nuevo canon a las universidades por el uso de obras en el cam - pus virtual. A lo largo de este arculo explicaremos el canon sobre las universidades pero, para comprender cómo se diseñan me - canismos apropiatorios, previamente analizaremos el caso de lo que mediácamente se conoció como el “  canon digi- tal” .  Su síntesis es que durante años tuvo vigencia en nues - tro país una norma por la que se gravaba la acvidad de almacenamiento y procesado de información de forma in - discriminada. La norma nalmente fue declarada contraria al derecho europeo por lo que podría reclamarse la devo - lución de los pagos realizados hasta entonces. Sin embar - go, para evitar estas reclamaciones por pagos indebidos, el Estado dictó el Real decreto 1657/2012  de 7 de diciembre, señalando que no procedía “la devolución del importe abo - nado o repercudo […] sasfecho antes del 1 de enero de 2012”,   convalidando de esta manera todos los pagos hechos durante años en concepto de canon.Tras este primer supuesto de apropiación de lo público, ana - lizaremos cómo en la reforma del Trlpi   se diseña una apro - piación del procomún, lo que es de todos y no es de nadie ( Guérrez , 2012). Para ejecutar esta segunda apropiación, el proyecto de reforma del Trlpi   espula la expropiación al autor de su derecho a decidir si entrega su obra a movimien-tos como el open access 1 ,   obligándose a que la gesón de estas obras en los campus virtuales se realice en exclusiva por una endad de gesón, quien dispone de potestad uni - lateral para jar las tarifas.   Si bien quedan los trámites par - lamentarios hasta que el proyecto sea ley, cualquiera que fuera el resultado nal la voluntad del ejecuvo ya ha que - dado reejada. 2. Apropiándose de lo público: el canon digital El 21 de octubre de 2010 el Tribunal de Juscia de la Unión Europea  ( TJUE  , 2010) dictó la sentencia del caso Padawan  contra la Sociedad General de Autores y Editores  ( Sgae ). El TJUE   resolvía lo que mediácamente se conoció como el “canon digital” (  Aeval  , 2008; CNC  , 2009), consistente en un sobreprecio que se aplicaba a todos los equipos, aparatos y materiales que se vendían en España suscepbles de usarse para hacer copias de obras intelectuales. Los importadores y fabricantes de estos objetos sasfacían este sobreprecio a las endades de gesón de la propiedad intelectual, quie - nes lo reparrían entre sus socios para así compensar a los autores, editores y productores por las ventas que se podían perder debido a las copias privadas realizadas por los usua - rios de tales equipos, aparatos y materiales. Se trataba de un sobreprecio en cadena: los importadores y fabricantes se lo repercuan a los mayoristas, éstos a los minoristas y éstos al usuario nal. La sentencia del TJUE   decretaba que el arculo 25 de nues -tro Trlpi   no era conforme con el arculo 5, apartado 2, letra b) de la Direcva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 22 de mayo de 2001 ( Unión Europea , 2001). A esta situación se llegó debido a que, cuando se promulgó el Trlpi   ( España , 1996), era una época en la que las tecnologías de registro ulizaban soportes variados, gravándose con canon aquellos cuyo uso estaba práccamente predetermi - nado para copiar obras intelectuales. Sin embargo, cuando posteriormente se produjo una conuencia mayoritaria del sistema de registro en formato digital, la aplicación literal de nuestra regulación legal generó que la acvidad codiana de almacenar información devengase un canon en favor de las endades de gesón. De esta manera se produjeron situaciones tan insólitas como que las grabaciones de los juicios orales en la juris- dicción civil, obligatorios en soporte videográco conforme los arculos 147 y 187 de la Ley de enjuiciamiento civil  , es- tuviesen tasadas con el canon. Las administraciones públi - cas, que son las que más soporte de información ulizan, fueron las grandes perjudicadas, hallándose someda toda su acvidad a un canon en favor de las endades de gesón que, no olvidemos, se trata de asociaciones privadas. Las compras que las administraciones públicas realizaban de equipos, aparatos y materiales nunca estuvieron exentas de canon 2 , que se repercua por parte de los proveedores al Estado de la misma manera que lo repercuan a cualquier otro cliente. Esta situación se vio obligada a cambiar cuando Las entidades de gestión, apartándo - se de sus funciones iniciales, sirven en demasiadas ocasiones como cadena de transmisión de intereses de terceros aje-nos a los autores Entre 1996 y 2011 los españoles tuvimos que abonar el injusto “canon digital” consistente en un sobreprecio que se aplicaba a todos los equipos, aparatos y materiales que se vendían en España susceptibles de usarse para hacer copias de obras intelectuales  El nuevo canon a las universidades: tras la apropiación del canon digital para las copias privadas, la del open access El profesional de la información , 2014, marzo-abril, v. 23, n. 2. ISSN: 1386-6710 185 el TJUE   dictaminó ( TJUE  , 2010) que “la aplicación indiscrimi - nada del canon por copia privada, en parcular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén maniestamente reservados a usos disntos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Direcva 2001/29 ”. El TJUE   establecía así que si los equipos, aparatos y soportes no se ulizaban para el ejercicio de la copia privada, no debían hallarse gravados. Como resultaba lógico, se eximía del canon a los objetos desnados a las acvidades de empresas, administraciones públicas y pro - fesionales. La sentencia del caso Padawan  afectó gravemente a las en - dades de gesón de los derechos de propiedad intelectual de nuestro país, que vieron mermados sustancialmente sus ingresos. En palabras de Juan Mollá, presidente entonces de Cedr  o: “A nales de año la junta direcva de la endad decidió suspender temporalmente la mayoría de las acvidades incluidas en la función social de Cedro . Esta decisión se debió a una medida de cautela por la incerdumbre que se plantea en la evolución de la recaudación de las can - dades de copia privada que sirven para nanciar esta función de nuestra endad, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Juscia  sobre copia privada (conocida como caso Padawan )” ( Cedro , 2011, p. 9).Los efectos de la sentencia no fueron inmediatos: todavía se tardó dos años en adaptar la legislación estatal a lo dispues - to por el TJUE  . La modicación se llevó a cabo en dos etapas: en la primera produjo la derogación del canon ( Real decreto 20/2011 , de 30 de diciembre, disposición adicional décima), disponiéndose que el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitava por copia privada   se establece- ría reglamentariamente por el Gobierno con cargo a los Presu - puestos generales del Estado. Una vez suprimida la compensa - ción por copia privada se procedió a regular el sistema de pago a cargo del Estado, mediante el Real decreto 1657/2012  de 7 de diciembre ( España , 2012), que dispuso que la cuana del canon se determinaría mediante orden del  Ministro de Educa -ción, Cultura y Deporte. En apli - cación de esta disposición se dictó la Orden ECD/2128/2013 , de 14 de noviembre ( Espa - ña , 2013), en la que se dispu - so que el importe del canon para el ejercicio 2012 sería de 8.636.728,09 euros.La tardanza en adaptar nues -tra legislación a la sentencia del caso Padawan  (desde el 21 de octubre de 2010, fe -cha de la sentencia, hasta el Real decreto 20/2011 , de 30 de diciembre), tuvo un efecto directo en los ingresos de las endades de gesón ya que les permió un año más obte - ner dinero por este concepto, lo que se aprecia claramente en la tabla 1, en la que ob - servamos un cuadro de facturación por copia privada de las endades de gesón en los ejercicios de 2009 a 2012.No contentas con esta situación, las endades de gesón interpusieron dos clases de acciones legales: - denunciaron al Estado español ante la Comisión Europea   en agosto de 2012 por contravenir según ellas el dere - cho europeo sobre copia privada (  AIE  , 2013, p. 94;  Aisge , 2013, p. 9; Cedro , 2013, p. 32; Dama , 2013, p. 7; Egeda , 2013, p. 19; Vegap , 2013, pp. 13-15); - presentaron dos demandas de responsabilidad patri - monial del Estado por los ejercicios 2011 y 2012 ( Cedro , 2013, p. 32; Dama , 2013, p. 7; Egeda , 2013, p. 20; Vegap , 2013, pp. 14-15). Se desconocen los resultados de estas acciones pero es re - levante señalar, que si bien a las endades de gesón no parece sasfacerles un sistema de pago directo a cargo de los presupuestos generales del Estado, nunca se quejaron del pago indirecto que suponía un sobreprecio a toda la ac - vidad estatal, autonómica, local, empresarial y profesional.Por su parte, el Estado blindó a las endades de gesón: si la normava estatal era contraria a la europea, ello implica - ba que durante años se había estado pagando un importe contrario a la ley que podría ser solicitado por quienes lo hubieran sasfecho. Para evitar que esto sucediera, en la disposición transitoria primera del mencionado Real decre -to 1657/2012 , de 7 de diciembre, se establecía que “se en - tenderá que no procede la devolución del importe abonado o repercudo por la aplicación del régimen de compensa - ción equitava por copia privada a los fabricantes, distribui - dores, mayoristas o minoristas y compradores nales que lo Entidad 2009 2010 2011 2012 Cedro  21.981.801 19.923.231 19.292.339 4.891.260 Dama  190.874 252.880 219.033 28.356 Sgae  27.677.000 28.156.000 20.247.000 4.231.000 Vegap  3.412.098 2.787.572 2.833.494 789.553  AIE   8.978.970 9.395.535 7.611.750 1.552.470  Aisge  11.898.935 12.756.031 8.436.287 1.102.282  Agedi   6.498.300 6.198.400 5.295.600 1.634.700 Egeda  Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Total 80.637.978 79.469.649 63.935.503 14.229.621 Tabla 1. Facturación por copia privada de las entidades de gestiónFuente: Memorias e informes de las entidades de gestión ( Cedro , 2010, p. 20-21; 2011, p. 21; 2012, p. 81; 2013, p. 66; Dama , 2011, p. 23; 2012, p. 20; 2013, p. 20; Sgae , 2010, p. 93; 2011, p. 97; 2012, p. 41; 2013, p. 41; Vegap , 2010, p. 7; 2011, p. 7; 2012, p. 7; 2013, p. 7;  AIE  , 2010, p. 94; 2011, p. 118; 2012, p. 124; 2013, p. 97;  Aisge , 2010, p. 25; 2011, p. 25; 2012, p. 26; 2013, p. 22;  Agedi  , 2010, p. 8; 2011, p. 8; 2012, p. 8; 2013, p. 8). En el caso de Vegap , las cantidades presentadas se obtienen de la suma de las dos cantidades que figuran en los informes en concepto de copia privada: reprográfica y audiovisual. El proyecto de reforma del Trlpi   estipula la expropiación al autor de su derecho a decidir si entrega su obra a movimientos como el open access  Javier De-la-Cueva-González-Cotera 186 El profesional de la información , 2014, marzo-abril, v. 23, n. 2 ISSN: 1386-6710 hubieran sasfecho antes del 1 de enero de 2012”.   Evitando la posibilidad de reclamación de lo indebidamente pagado se consumaba la apropiación de lo público bajo la aparien - cia del pago de derechos de autor y convalidando lo que en la prácca fue una póliza sobre el papel del siglo XXI, el soporte digital, pagadera por todos en favor de unas asocia - ciones privadas. 3. Apropiándose del procomún: el open access Ante esta situación de crisis, Cedro apuntó nuevamente al Estado como fuente de ingresos. Ya en la Memoria  del ejer- cicio 2010 señaló sus intenciones ( Cedro ,   2011, p. 29): “Desde hace varios años, Cedro  está tratando de que la Administración y el sector educavo en todos sus niveles, enseñanza reglada preuniversitaria y universitaria, remu - neren a los autores y editores por la reulización de los contenidos de sus obras a través de las licencias de nues - tra endad. Práccamente ningún ministerio ni organismo público de carácter autonómico o local cuenta con licencia de Cedro . Este hecho se ha puesto en conocimiento de forma sistemá - ca a las autoridades competentes sin que se haya obtenido respuesta deniva por su parte. En 2009 se envió al Minis - terio de Presidencia  una propuesta de regularización global que, a día de hoy, no ha sido contestada”.En igual sendo se expresaba la Memoria  del año 2011 ( Ce - dro ,   2011, p. 35), sin que conste ya en la de 2012 referencia alguna a ministerios, organismos públicos de carácter au -tonómico o local, a la necesidad de estos órganos de ob- tener licencia concedida por Cedro , ni a respuesta alguna o silencio del Ministerio de la Presidencia . Sin embargo, sí constan las referencias a los tres procedimientos judiciales que Cedro  interpuso contra las universidades  Autònoma de Barcelona , de   Barcelona  y Carlos III de Madrid   ( Cedro , 2012, p. 33) y que supusieron la excusa para la siguiente etapa de apropiación: la “apropiación del procomún” mediante el canon sobre el open access. - Cedro  decía representar a unos 20.000 socios, mientras que las universidades en su conjunto cuentan con 130.000 docentes e invesgadores; - mantenía que representaba los derechos de unos 4 mi -llones de obras, mientras que en WorldCat  , el catálogo colecvo de OCLC  , existen unos 300 millones de registros; - no praccó ninguna prueba sobre la encomienda de ges - ón de los derechos de los autores o traductores en lo re - ferente a copias y puesta a disposición digital de las obras literarias. El centro de los ligios consisa en saber quién es el res - ponsable de que determinados profesores pusieran a dis - posición de sus alumnos textos digitalizados alojándolos en el campus virtual pero también se discua la representa -vidad de Cedro  ya que su número de socios y número de obras en comparación con los existentes es mínimo. Y con respecto a los derechos digitales las circunstancias son aún peores para esta endad. En 2004, Cedro  adaptó sus contratos para incluir la gesón de los derechos sobre copias digitales y su puesta a dispo - sición online. A parr de esa fecha los nuevos socios les en - cargarían no sólo la gesón de los derechos sobre copias reprográcas sino también digitales. Sin embargo, con los derechos anteriores a 2004 exisa un problema grave. Ce - dro  gesona derechos tanto de socios (por encargo directo de éstos) como de autores no socios (que han cedido sus derechos a las editoriales que a su vez se los han cedido a Cedro ). Con respecto a sus socios, Cedro  circularizó la pe - ción de adhesión a sus nuevas modalidades de gesón pero con respecto a los no socios, nada podía hacer puesto que eran las editoriales quienes por su parte tenían que adaptar sus contratos con los autores para nuevas obras así como solicitar los derechos a los autores de obras anguas. Las universidades conocían bien este problema puesto que manenen editoriales y cuando se celebró la prueba en los procedimientos contra las universidades  Autònoma de Bar  - celona  y de   Barcelona , si bien Cedro  trajo al procedimiento documentos de gesón de derechos editoriales, no trajo ninguno de derechos autorales o de traductores.Ante estas evidencias, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  acudió en auxilio de Cedro : la gesón que esta en - dad nunca había obtenido contractualmente la iba a conseguir mediante la modicación del Trlpi  , en cuyo anteproyecto se incorporó un arculo 32, apartado 3, que creaba un derecho irrenunciable en favor del autor de manuales universitarios o publicaciones asimiladas a cobrar una remuneración equitava que se haría efecva a través de las endades de gesón. Sin perjuicio de la imprecisión de conceptos tales como publica - ciones asimiladas, la reforma no dejaba dudas: Cedro  se encar- garía de la gesón de todos los derechos, teniendo facultades unilaterales para jar las tarifas, actualmente señaladas en 5 euros por alumno, lo que supondría un gasto público anual de 5,92 millones de euros ( Crue , 2013, p. 17). Se apropian del open access  e impiden a los autores decidir sobre sus derechos La norma estatal es contraria al derecho de la Unión Europea, pero las entidades de gestión seguirán cobrando hasta que una resolución del TJUE   anule la legisla-ción del Estado  El nuevo canon a las universidades: tras la apropiación del canon digital para las copias privadas, la del open access El profesional de la información , 2014, marzo-abril, v. 23, n. 2. ISSN: 1386-6710 187 Se demostraba una vez más lo que Benkler  señalaba (2006, p. 461), que las expansiones de los derechos operan, en la prácca, “como una tasa sobre modelos de producción no propietarios en favor de modelos propietarios. Hace que el acceso a los recursos de información sean más caros para todos, mientras que incrementa la apropiación solamente para algunos”. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas  ( Crue ) realizó el 17 de abril de 2013 sus alegaciones al texto del anteproyecto señalando ( Crue , 2013, p. 13) su especial preocupación por la apropiación del open access  y sus efec - tos de empobrecimiento por su incidencia en la ciencia y en la tecnología:“Mediante el texto propuesto en el  Anteproyecto , se impi -de al autor ejercitar uno de sus derechos esenciales como es el de disponer como quiera de sus derechos de explo -tación. La creación de un derecho irrenunciable, lejos de suponer una ventaja para el autor, supone un atentado a la posibilidad de que se incorpore a movimientos como el del acceso abierto […]La ciencia y la tecnología se fundamentan en la posibili - dad de difusión y de refutación. Impedir a los autores la decisión sobre sus derechos, haciéndolos irrenunciables, obligando a su gesón a través de una endad sin repre - sentavidad en el ámbito universitario y permiendo a di - cha endad la jación unilateral de los precios supondrá sin duda un empobrecimiento de la capacidad de difusión y de refutación de la ciencia y de la tecnología en nuestro país, con el empobrecimiento correspondiente”. El Consejo de Estado  se pronunció sobre la reforma. En su Dictamen 1064/2013  de fecha 11 de noviembre, sobre el texto del anteproyecto de reforma del Trlpi  , mantuvo una postura críca con el texto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte . Según el Consejo de Estado  (2013, 5.2), “conviene no olvidar que en el sector de la docencia e inves - gación convive el derecho del autor con otro derecho, el de la educación”, por lo que en la reforma, señalaba tajante -mente el Consejo de Estado : “Debe pues necesariamente señalarse que dicho arculo 32 no será aplicable a los supuestos en los que bien la legislación, bien los tulares, hayan optado por ofrecer a toda la humanidad el acceso abierto de datos y documen- tos ciencos supuestamente somedos a derechos de propiedad intelectual”.Nada de esto fue aceptado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , quien en el texto que llevó nalmente al Consejo de Ministros , que fue aprobado por éste y enviado al Congreso de los Diputados , hizo caso omiso de las reco-mendaciones del Consejo de Estado , a pesar de que este ór - gano señalase que en la Unión Europea el open access  ene carácter normavo desde julio de 2012. Se repite de esta manera lo ocurrido con el canon digital: aun cuando la nor- ma estatal sea contraria al derecho de la Unión Europea, las endades de gesón seguirán cobrando durante el empo necesario hasta que se obtenga una resolución del TJUE   que anule la legislación del Estado. No podemos olvidar el infor -me de la Comisión Nacional de la Competencia  ( CNC  , 2009, p. 99) que ya advera que “no es del todo descartable con - forme a la jurisprudencia comunitaria que la Comisión Eu - ropea  pueda llegar a considerar que España es responsable de una infracción del arculo 86 del Tratado CE   (actual art. 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea )”. El corolario de la actual situación es que los hechos nos demuestran que las endades de gesón, lejos de ser en - dades que cumplen su obligación de favorecer la cultura (entendiendo dentro de ella, como no puede ser menos, la ciencia y la tecnología), son lobbies  que ocupan en la ac - tualidad el papel que en la Ilustración fue ocupado por la Iglesia . Nos hallamos en un momento histórico en que la tecnología como entorno ( De-la-Cueva-González-Cotera , 2012b) y el open access  como contenido ( De-la-Cueva-González-Cote-ra , 2012a) nos permite intentar una Tercera Ilustración y en donde tendremos que reexionar si no comienza a ser un imperavo éco urgente denunciar y expulsar a quienes son los más  piratas.  Recordando a Agusn de Hipona: Mas porque yo ejecuto mis piraterías con un pequeño bajel me llaman ladrón, y a , porque las haces con formidables ejércitos, te llaman rey  3 . Notas 1. Sobre open access , ver:  Ariño-Villarroya , 2009; Lafuente  y Alonso , 2011, pp. 193-206; Lafuente , Alonso  y Rodríguez ; 2013, pp. 16-69. 2.   Ello a pesar de que se le solicitó en dos ocasiones al Mi  - nisterio de Cultura , que tenía potestad reglamentaria para excluir a quien tuviera conveniente. La primera de ellas, en fecha 19 de noviembre de 2003 por el autor de este arculo y la segunda en fecha 24 de febrero de 2004 por parte de la junta de delegados de la Facultad de Informáca  de la Universidad Politécnica de Madrid  , dado que los alumnos encontraban gravados los soportes en los que debían pre - sentar los trabajos a sus profesores. hp://derecho-internet.org/node/245 3. San Agusn. La ciudad de Dios . Tomo I, Libro cuarto, ca- pítulo IV. 4. Bibliograa Aeval (Agencia Estatal de Evaluación de las Polícas Públicas y la Calidad de los Servicios) (2008). Evaluación del sistema de gesón colecva de los derechos de propiedad intelectual  . hp://www.aeval.es/comun/pdf/evaluaciones/E12B.pdf  AIE (Arstas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Ges - ón) (2010). Memoria AIE 2009 . hp://aie.es/component/remository/func-startdown/100 Las entidades de gestión, lejos de cum- plir su obligación de favorecer la cultura, son lobbies  que ocupan en la actualidad el papel que en la Ilustración fue ocupa - do por la Iglesia
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